El Gobierno busca revertir ese retroceso y la pérdida de productividad de los trabajadores con el impulso de una reforma laboral. Qué revelan los datos post convertibilidad
En Presidente de la Nación volvió a destacar en el Mensaje a la Asamblea Legislativa, en el acto de inauguración de las sesiones ordinarias, sus dichos de campaña y en la asunción el 10 de diciembre: el severo retroceso que ha sufrido la Argentina en el orden económico mundial, con una década de estancamiento en el PBI por habitante, y fuerte caída de la productividad media, que explica la persistente disminución de los ingresos en términos de capacidad de compra, así como la necesidad de impulsar una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, punto 7 del Pacto de Mayo.
Ese cuadro explica que en la última década no sólo se haya mantenido el crecimiento del empleo no registrado a mayor ritmo del que se observó en la franja formal, junto con una alta precariedad reflejada en el avance de las ocupaciones independientes como Monotributo, Monotributo Social y en Casas Particulares, además de la creciente nómina burocrática en el empleo público en la mayor parte de las provincias, y en menor medida en la Administración Central, sino también en el cierre de empresas anotadas en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
Ese fenómeno fue más marcado en el caso de los empleadores que registran hasta 2 asalariados que los que declaran más de dos puestos en relación de dependencia.
La estadística de 20 años del SIPA que compila mes a mes la AFIP –con un rezago de más de 4 meses– sobre el conjunto de empleadores y trabajadores registrados en relación de dependencia (asalariados), muestra dos etapas divididas en mitades: un movimiento claramente expansivo en la cantidad de empresas entre 2003 y 2013 y notablemente declinante en la década siguiente, aunque se expandieron los puestos de trabajos, en particular en el sector público por la baja real de los salarios.
Según el tamaño del empleador, definido por la cantidad de trabajadores en relación de dependencia registrado, el progreso observado en la primera mitad de las dos décadas de la serie de datos (212.624 inscripciones) comenzó a revertirse en la segunda, con mayor retroceso en la franja de muy pequeños emprendedores y administradores de consorcios de edificios, que tienen a cargo hasta dos asalariados (se dieron de baja 24.554), que en la de más de dos empleados a cargo (se redujo en 6.886 casos).
Ese movimiento se trasladó parcialmente a los puestos de trabajo, puesto que mientras en el segmento de hasta dos asalariados entre 2013 y 2023 se contrajo la nómina en 33.894 personas, tras haber aumentado en más de 290.000 en los diez años previos; en el de más de dos puestos en relación de dependencia en el último decenio apenas se registraron 628.869 de los poco más de 3 millones que se incorporaron en los 20 años de la serie.
Entre extremos, el crecimiento del total de asalariados en blanco superó en más de 24 puntos porcentuales al que registró el aumento del PBI
Aún así, entre extremos, el crecimiento del total de asalariados en blanco superó en más de 24 puntos porcentuales al que registró el aumento del PBI en pesos constantes; y en casi 10 pp en la última década. El resultado de ese contraste fue la pérdida de productividad laboral, principal responsable de la marcada caída del nivel real de las remuneraciones promedio de los trabajadores.
De ahí que no sorprende que Javier Milei haya vuelto a insistir ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”.
Sin embargo, para algunos economistas lo más relevante es “legislar en materia penal y laboral para que la ‘interpretación’ de la norma por parte de los jueces del fuero no modifique la normalidad.
Hay necesidad de flexibilizar toda la legislación, desde la forma de contratación hasta los elevados cargos patronales que no pueden descargarse del pago de IVA
Hay abusos a nivel judicial”, sostienen, sin advertir la necesidad de flexibilizar toda la legislación, desde la forma de contratación hasta los elevados cargos patronales y exigencias de previsiones y provisiones que no pueden descargarse del pago de IVA, para poder revertir el crecimiento relativo del empleo marginal y la pérdida de competitividad.
Desde un mínimo de 32,7% del empleo total que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec para 2016, la franja de ocupados en la informalidad -asalariados e independientes, vuelve a subir al rango de 36% que había representado hasta 2012, ante la imposibilidad del sector privado de afrontar un costo creciente en una economía estancada, cerrada y con exceso de regulaciones, que ahora el nuevo Gobierno busca erradicar.
Firmas con muy pocos asalariados
Como resultado de ese cuadro al dividir la cantidad de asalariados registrados por empresas que declaran más de dos personas en relación de dependencia se advierte que el promedio nacional es de apenas 32 personas por empleador.
Según la estadística de la Anses, en septiembre 2023 apenas 8.572 empleadores tenían entre 100 y 500 asalariados; sólo 1.076 registraban entre 501 y 1.500 trabajadores en relación de dependencia; se achica el universo a menos de 166 en el segmento siguiente de 1.501 a 2.500; a 128 en el de 2.501 a 5.000 y apenas 89 empresas superaban las 5.000 personas en relación de dependencia, entre esas predominan las que son del Estado total o mayoritariamente.
El promedio de asalariados registrados por parte de empresas registradas en el SIPA con más de empleados en relación de dependencia es de 32 personas
Por rama de actividad, la franja más intensiva en personal asalariado es el de la Administración Pública, defensa y Seguridad Social (1,33 millones de asalariados), con un promedio por empleador de 717 trabajadores, acusó sendos incrementos de 188 y 54 en los últimos 20 y 10 años, respectivamente.